El incremento del 100 % de la sanción por facturas falsas cuando la actividad económica ha sido declarada simulada

OPINIÓN · SANCIONES TRIBUTARIAS

Javier Martín Fernández · Socio Director. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.

La utilización de estructuras en las que socios o familiares, que determinan sus rendimientos empresariales en régimen de estimación objetiva del IRPF, y que facturan a la sociedad, ha dado lugar, durante años, a numerosas regularizaciones fundadas en la simulación del art. 16 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). Y, junto a ellas, a sanciones por emisión de facturas falsas agravadas por un supuesto incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.

Sobre esta última cuestión se ha pronunciado, de nuevo, la STS 1166/2026, de 20 de octubre (rec. cas. 7008/2022), que reitera la doctrina fijada en la STS 481/2024, de 18 de marzo (rec. cas. 5108/2022). Ambas resuelven recursos de la Abogacía del Estado relativos a dos socios de una misma sociedad de transporte de mercancías por carretera.

La Inspección apreció una simulación relativa, al no existir actividades independientes de los socios, sino un único centro de decisión en la sociedad. Se regularizaron el IRPF y el IVA de 2008 y 2009, se anularon las operaciones facturadas entre los socios y la sociedad, así como se impuso una sanción por expedir facturas con datos falsos o falseados, incrementada en un 100 %. Por su parte, la SAN de 6 de julio de 2022 mantuvo la infracción, pero anuló el incremento.

El régimen sancionador de las facturas falsas

Hemos de partir del art. 201 de la LGT. Su apartado 3 califica como muy grave la infracción consistente en la expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados, y la sanciona con multa pecuniaria proporcional del 75 % del importe del conjunto de las operaciones que la hayan originado.

Por su parte, el apartado 5 permite graduar la sanción incrementándola en un 100 % cuando se produzca un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.

Es el art. 187.1.c) de la LGT el que delimita este último concepto. A su tenor, el incumplimiento sustancial existe cuando afecta a «más del 20 por ciento del importe de las operaciones sujetas al deber de facturación» en relación con el tributo y el período objeto de comprobación o investigación, o cuando, como consecuencia de él, la Administración no puede conocer el importe de dichas operaciones. Es, por tanto, una magnitud relativa.

La cuestión con interés casacional de la STS 1166/2026, formulada por ATS de 29 de marzo de 2023, consistía en determinar si este criterio de graduación resulta aplicable cuando la expedición de facturas falsas «trae causa de la simulación de una actividad económica de la que se derivan las obligaciones de facturación».

La doctrina del Tribunal Supremo

La respuesta se encuentra en la STS 481/2024, a la que se remite expresamente la 1166/2026, por razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley.

De acuerdo con ella, «no resulta aplicable el criterio de graduación […] previsto en el artículo 201.5 de la LGT, en relación con el artículo 187.1.c) de la LGT, cuando la conducta sancionada […] trae causa de la simulación de una actividad económica […], se hayan tomado en consideración los mismos tributos y periodos y ello haya comportado que las operaciones […] hayan sido anuladas como consecuencia de la regularización practicada».

El fundamento es claro. Una vez constatado que los socios no desarrollaban actividades económicas independientes, las operaciones facturadas, para el IVA y el IRPF de los períodos comprobados, «no pueden reputarse sujetas a un deber de facturación afectante al actor». Y la toma en consideración de esos mismos tributos y períodos, con la consiguiente anulación de las operaciones, «impide la aplicación de dicho criterio de graduación».

La Abogacía del Estado había sostenido que, si las operaciones reales sujetas a facturación eran inexistentes, la emisión de facturas falsas superaba necesariamente el 20 % de cero. El Tribunal Supremo no acoge este planteamiento.

En consecuencia, la STS 1166/2026 declara no haber lugar al recurso de casación, mantiene la infracción muy grave y deja la sanción en el 75 %.

Valoración y alcance de la doctrina

A nuestro juicio, la solución es correcta. El porcentaje sobre cero haría automático el incremento en toda facturación derivada de una actividad simulada. Ahora bien, lo que el art. 201.3 de la LGT sanciona es, precisamente, la falsedad de las facturas.

Si esa misma falsedad sirviera, a su vez, para acreditar el incumplimiento sustancial, la conducta se valoraría dos veces y el criterio de graduación perdería su función, que no es otra que diferenciar la gravedad de los incumplimientos en el seno de un conjunto de operaciones reales.

A mayor abundamiento, la Administración no puede afirmar en la liquidación que las operaciones no existieron y, al mismo tiempo, tomarlas como base en el procedimiento sancionador para medir el incumplimiento de las obligaciones de facturación.

Ello no supone, sin embargo, que la facturación falsa quede siempre al margen del incremento. La doctrina se ciñe al supuesto descrito, con sus tres elementos: actividad simulada, identidad de tributos y períodos y anulación de las operaciones. Fuera de él, el art. 187.1.c) de la LGT despliega plenamente su eficacia y será necesario analizar caso por caso.

Desde una perspectiva práctica, conviene revisar los expedientes en los que se haya aplicado el incremento del 100 % sobre facturas vinculadas a actividades recalificadas por simulación, contrastando el acuerdo sancionador con la liquidación de la que trae causa.

En los procedimientos todavía abiertos, el incremento puede impugnarse con independencia de la infracción principal.

Conclusión

En definitiva, cuando la propia regularización ha anulado las operaciones por simulación, la Administración puede sancionar la expedición de facturas falsas con el 75 % de su importe, pero no utilizar esas mismas operaciones para apreciar un incumplimiento sustancial y duplicar la sanción.

La STS 1166/2026 no crea un criterio nuevo, pero consolida una doctrina que debería orientar, en lo sucesivo, la actuación administrativa.

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